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Al banquillo por mucho menos

La Autoridad Portuaria de Balears parece haber decidido que los actuales adjudicatarios de las instalaciones portuarias donde hay un club náutico, cuando se les caduque la concesión, continúen al frente de esas instalaciones eternamente solo por el hecho de tener “arraigo y proyección social”. Dado que muchos llevan décadas gestionando esos espacios de dominio público de tal modo que incluso se creen ser los auténticos propietarios y con prebendas propias del feudalismo, cualquier otra entidad que quiera relevarles al frente de la concesión verá sus pretensiones fracasar gracias al blindaje que la APB ha realizado en forma de nuevos criterios de valoración del concurso (expediente de competencia de proyectos se denomina oficialmente).

Lo más grave es que estos nuevos criterios se han aprobado más de 8 meses después de que se publicase en el BOE el concurso por la concesión del Club Náutico de Ibiza, cuando ya hace más de medio año que los proyectos están sobre la mesa de la APB. Y naturalmente, estos nuevos criterios benefician con todo descaro a una de las entidades en perjuicio de las otras. Si eso no es amañar un concurso, al menos lo parece. Si además tenemos en cuenta que relevantes personalidades políticas (el presidente de Puertos del Estado, la presidenta del Govern, el alcalde de Eivissa e incluso el presidente de la APB entre otros) se han manifestado a favor de la renovación de la concesión al Club Náutico de Ibiza, parece claro que se está retorciendo la legalidad para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Pero el asunto no queda solo en Ibiza porque los mismos criterios se aplicarán al resto de concursos que se convoquen para las renovaciones del resto de clubes náuticos, las más inmediatas: Club de Mar y Real Club Náutico de Palma. Concursos que ya no tienen ningún sentido y que sencillamente servirán de excusa para otorgarles la renovación a las entidades que lo soliciten.

Es previsible que las cosas acaben en los tribunales porque nadie acepta pacíficamente que le pisoteen

No hace tantos años se puso de moda la teoría de que los bienes públicos debían ser subastados en todo caso, de forma que se consiguiera el mayor beneficio económico de los mismos. ¿Recuerdan el caso de Can Domenge? Muchos de los que así se pronunciaron ahora, sin embargo, defienden entregar bienes de titularidad pública por el “arraigo y la proyección social”, que viene a ser algo así como una discriminación por razón de lugar de nacimiento completamente contraria a la Constitución y a las leyes. Es previsible que las cosas acaben en los tribunales, porque nadie acepta pacíficamente que le pisoteen del modo en que lo hace la APB.

Imaginemos por un momento que, como es de prever, la APB renueva la concesión al Club Náutico de Ibiza. Imaginemos que esta entidad tira adelante con el proyecto presentado, que según se informó supone una inversión de 7,5 millones de euros. E imaginemos que unos años después, cuando las obras están en marcha y los socios del CN Ibiza ya han tenido que hacer frente a pagos para dicha inversión, un tribunal determina que la adjudicación fue irregular. ¿Se imaginan lo que puede suceder? ¿Cómo se solucionará el asunto? ¿Cómo se va a devolver el dinero a los socios de la entidad? Lo que ahora se despacha de un plumazo puede acabar –y yo pronostico que lo hará– como una verdadera pesadilla para centenares de socios que actúan de buena fe. Y lo mismo pudiera suceder en el resto de casos de clubes náuticos cuya concesión caduca y que la APB pretende prorrogar de por vida, regalando unas instalaciones públicas. Ha habido gente sentada en el banquillo por mucho menos.

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